El Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio condecorado con la Cruz de Honor Institucional de la Orden Iberoamericana de Justicia

 

El presidente del Jurado del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, D. Antonio Garrigues Walker, ha recibido la condecoración de la Cruz de Honor Institucional de la Orden Iberoamericana de Justicia otorgada por la Fundación Carlos III de la mano de su presidente D. Carlos Escudero de Burón, quien quiso destacar la ejemplaridad del Jurado, el prestigio de los Premiados y los valores que todo ello representa para nuestra sociedad. Por su parte, D. Antonio Garrigues Walker, en agradecimiento a este importante reconocimiento que se hace al Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, quiso dedicar unas palabras y poner en valor el significado de esta distinción, que tiene especial importancia al ser la primera Cruz de Honor de carácter institucional concedida por la Fundación Carlos III.

 

La Fundación Carlos III, en homenaje al Bicentenario del Tribunal Supremo del Reino de España en 2012, instituyó con carácter honorífico la Orden Iberoamericana de la Justicia, preservando los ideales que llevaron a los constituyentes de 1.812 a crear el Tribunal Supremo, con el objetivo de premiar las virtudes cívicas y los servicios extraordinarios prestados por ciudadanos e instituciones en bien de la justicia iberoamericana.

 

 

 

 

El acto, que ha tenido carácter presencial muy limitado por la situación sanitaria, ha contado con la asistencia del Presidente de Pelayo, D. Francisco Lara Martín, D. Francisco Gómez Alvado, Director General de Pelayo, D. José Boada Bravo, Miembro del Jurado del Premio Pelayo y Dña. Mª José Esteban Luis, Secretaria del mismo. Asimismo, estuvieron presentes otros miembros del Patronato de la Fundación Carlos III, como su presidente, D. Carlos Escudero de Burón, D. Javier García-Bernal, Cónsul honorífico de Costa Rica y D. Ángel Juanes Peces, ex Vicepresidente del Tribunal Supremo.

 

Esta Cruz Honor ha sido concedida hasta ahora a título individual a Jefes de Estado, Presidentes de Cortes Supremas, Ministros de Justicia, y a nivel institucional a los Tribunales Superiores de Justicia del Reino de España y las Repúblicas de Portugal, Panamá, Uruguay y Costa Rica.